Es la obligación jurídica de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas de responder por incumplir con sus deberes funcionales señalados en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables. Esta responsabilidad se puede dar por acción o por omisión.

Es un tipo de responsabilidad de linaje especial que se traduce conductas que el Código Penal colombiano ha señalado como delitos, los cuales acarrean una serie de penas  que pueden ser privativa de la libertad (prisión), multa, inhabilidad para ejercer cargos públicos, entre otras.