Webinar: La ciudadanía al cuidado de la paz
El pasado jueves 19 de noviembre se llevó a cabo el panel “La ciudadanía al cuidado de la paz, ejercicios de control ciudadano anticorrupción a la implementación del Acuerdo”, organizado conjuntamente por Transparencia por Colombia, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la Universidad Javeriana, con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia y la Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD-.
El panel presentó los resultados del ejercicio de control ciudadano anticorrupción a la implementación del Acuerdo de Paz, a las obras PDET en el norte del Cauca y al PNIS en Caquetá. Además, se discutió sobre los principales factores de riesgo que afectan la implementación del Acuerdo, específicamente en los puntos 1 (reforma rural integral) y 4 (solución al problema de las drogas ilícitas).
El encuentro contó con la participación de Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia; Marcela Restrepo, presidenta de Foro Nacional por Colombia; Yesid Meneses, director ejecutivo de la Red de Desarrollo y Paz del Caquetá; Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto de la Contraloría General; Sandra Martínez, directora de iniciativas de Estado y Sistema Político de TPC y Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa de la Universidad Javeriana.
En la conversación, los panelistas resaltaron la importancia de este ejercicio de control ciudadano anticorrupción en el aporte a la construcción de la paz en sí misma, y sobre todo los retos que se sortearon en el proceso de construcción, principalmente en un contexto como el que produjo la pandemia del Covid-19.
“La corrupción puede convertirse en un obstáculo para la construcción de la paz y el cumplimiento general de los acuerdos. El informe la ciudadanía al cuidado de la paz, comprende las debilidades en la implementación de los acuerdos de paz como un factor de riesgo de corrupción. Asimismo, se plantean las problemáticas que pueden llegar a ser peligrosas para la implementación”, explicó Andrés Hernández.
En el dialogo se expuso que dentro de la investigación se hallaron 19 riesgos de corrupción que pueden afectar la implementación del Acuerdo de Paz, 11 a nivel nacional y 8 de nivel local. Estos riesgos de corrupción están asociados principalmente a la visibilidad y acceso a la información, a la institucionalidad y al sistema de pesos y contrapesos del país. “El informe alerta sobre las barreras existentes para acceder a la información pública en los territorios. En las páginas web encontramos que no hay datos completos de la información presupuestal. Además, alertamos sobre la vulneración a los derechos humanos, a los espacios de participación y de control ciudadano en el marco de la implementación de los acuerdos», aseguró Ángela Rodríguez, coordinadora del proyecto Ciudadanía al Cuidado de la Paz.
Seguidamente, se presentaron algunas de las consecuencias que traen estos riesgos de corrupción; entre ellas está la centralización de los procesos de toma de decisiones frente a la implementación, el desvío de recursos destinados a sus planes, programas y proyectos, el control e incidencia de actores armados ilegales en la institucionalidad pública local de los territorios y la vulneración a los derechos fundamentales.
Frente a esto, Yesid Meneses indicó que, “nuestros líderes no tienen el conocimiento pleno para participar en los espacios de control ciudadano. La información es muy limitada y no hay derecho al acceso a la información en el Caquetá (…) Por eso, es fundamental que la institucionalidad pueda recuperar la confianza con los pobladores y en ese propósito debe partir desde el reconocimiento de la institucionalidad pública con la sociedad civil organizada».
Finalmente, los participantes reflexionaron sobre cuál podría ser la prioridad estratégica para blindar la implementación del Acuerdo de paz de la ocurrencia de posibles hechos de corrupción y se plantearon cuatro ejes fundamentales. Primero la arquitectura institucional con capacidad y enfoque territorial; segundo la garantía de derechos humanos como elemento esencial en la lucha anticorrupción. Tercero garantizar la transparencia en el seguimiento a los recursos de la implementación y por último poner especial atención a la contratación pública.
«Los procesos se deben monitorear desde el inicio de la ejecución de los proyectos, y es en este punto donde los mecanismos de participación ciudadana son claves», aseguró Manuel Salamanca.